Mito 6 del envejecimiento

Las personas de edad son una carga económica para la sociedad

Las personas de edad hacen un sinnúmero de aportes al desarrollo económico de sus sociedades. Sin embargo, dos hechos paralelos alimentan el mito de que en los años

venideros las sociedades no podrán solventar el suministro de apoyo económico y atención de salud a las personas de edad. Uno de esos hechos es el reconocimiento cada vez más claro del gran número de ciudadanos que el siglo próximo vivirán hasta edades más avanzadas. El segundo es el mayor hincapié que se está haciendo en las fuerzas del mercado en casi todo el mundo, y el debate conexo sobre el papel adecuado del estado a la hora de brindarles a sus ciudadanos ingresos seguros y atención de salud.

En muchos países, sobre todo en los industrializados, existe una preocupación creciente frente a los niveles de gasto del estado en la esfera de la protección social, y se debate si los costos correspondientes se podrían reducir abriendo más la protección social a la competencia del sector privado. Lamentablemente, este debate mundial ha puesto todo el acento en el costo que representa para la sociedad el suministro de pensiones y atención de salud a las personas de edad, en lugar de ponerlo en los aportes económicos constantes y sustanciales que los ciudadanos de edad más avanzada hacen a la sociedad, y ha dado lugar al difundido mito de que

las personas de edad por lo general son económica-mente dependientes. Sin embargo, los hechos demuestran que ello no es reflejo fiel de la realidad. Hay que tener en cuenta dos aspectos importantes: el trabajo y la protección brindada por las pensiones públicas.

Las personas de edad trabajan

La mayoría de las personas de edad en todo el mundo siguen trabajando, tanto en

ocupaciones remuneradas como no remuneradas, haciendo un aporte sustancial a la prosperidad económica de sus comunidades. No hay ninguna base económica ni biológica para la jubilación a una edad fija (a menudo entre los 60 y los 65 años en los países desarrollados). En realidad, en las economías nacionales en las que predomina la agricultura, la mayoría de las personas de edad, tanto hombres como mujeres, siguen trabajando en la producción agrícola hasta estar físicamente incapaces de realizar sus tareas, hecho que a menudo ocurre en una etapa muy

avanzada de la vida. A su vez, en las sociedades desarrolladas se reconoce cada vez más ampliamente que las personas de edad deben tener plena libertad para trabajar todo el tiempo que deseen. La edad no debería impedir ni obstaculizar en modo alguno los afanes de una persona para conseguir trabajo, debiendo reconocerse y recompensarse los beneficios de la edad.

En épocas de gran desempleo, ha sido fácil argüir que a las personas de edad se las debe alentar a dejar su empleo remunerado a fin de liberar puestos para individuos más jóvenes en busca de trabajo. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que la realidad del mercado laboral es mucho más compleja y que el alejamiento temprano de la fuerza laboral por parte de los adultos mayores no se traduce necesariamente en puestos de trabajo para los jóvenes. Por ejemplo, el desocupado en busca de trabajo puede carecer del adiestramiento o las aptitudes necesarias para reemplazar al trabajador de más edad. De hecho, los trabajadores experimentados de más edad resultan necesarios para el mantenimiento de la productividad y para que empleadores y clientes puedan contar con la estabilidad de la fuerza laboral.

Las pensiones protegen contra la pobreza

Hoy, muchas personas de edad cuentan con planes de pensión tanto públicos como

privados que las protegen de la pobreza, sobre todo en las economías más desarrolladas. El crecimiento registrado por dichos planes en todo el mundo se relaciona con la industrialización de las economías, la urbanización y la flexibilización de los vínculos familiares tradicionales. Esos programas de pensión representan un enfoque colectivo para permitirles compartir recursos a las

personas en edad laboral y a las que han abandonado la fuerza del trabajo.

La seguridad de ingresos preocupa no sólo a las personas de edad, sino también a sus

hijos. En muchos países en desarrollo, el envejecimiento de la población le ha dado carácter crítico al problema de la pobreza en los adultos mayores. Mientras que antaño las familias estaban dispuestas a cuidar de sus mayores, y en condiciones de hacerlo, hoy en día se encuentran en un mundo cambiante que limita sustancialmente sus posibilidades para asumir esas funciones tradicionales.

Invertir en una población que envejece significa:

- programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida, para aumentar las posibilidades de que las personas de edad consigan empleo

-  eliminación de la discriminación por razones de edad en el lugar de trabajo

-  promoción de políticas que garanticen la seguridad de ingresos, para ofrecer una protección económica adecuada a las personas de edad, a través de planes de pensión públicos y privados fiables

-  acceso a una atención de salud adecuada para prevenir la pobreza debida a la mala salud

-  adaptación de las políticas de pensiones, para aumentar al máximo las posibilidades de elección individuales y la flexibilidad del mercado laboral.

Muchos decenios de experiencia en materia de seguridad social en Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelandia y otros países demuestran que un enfoque colectivo para brindar ingresos seguros y atención de salud a las personas de edad funciona bien. Se calcula que en muchas sociedades industrializadas más de la mitad de las personas de edad caerían en la trampa de la pobreza si no contaran con las prestaciones de las pensiones públicas. La experiencia reciente también ha puesto de relieve la necesidad constante de adaptar y reajustar dichos programas en función de condiciones socioeconómicas cambiantes. Sin esas adaptaciones (por ejemplo, modificaciones de las edades para jubilarse, prestaciones a los supérstites, jubilaciones flexibles), la capacidad de los programas de pensiones para ofrecer

prestaciones en el futuro se vería gravemente amenazada.

La experiencia de siglo XX en lo que hace a la protección en el ámbito de la seguridad

social también demuestra el vínculo importante que existe entre el nivel de ingresos y la salud. La pobreza se relaciona estrechamente con la mala salud, que, junto con la incapacidad, constituye la amenaza principal para la seguridad de ingresos en muchos países en desarrollo donde la nutrición deficiente y las malas condiciones de vida dejan a muchas personas en estado de demasiada debilidad como para tener un volumen de producción suficiente para satisfacer sus necesidades de subsistencia.

El acceso a la atención de salud es fundamental para ayudar a los trabajadores a recuperar su capacidad laboral y asegurarse de que los niños crezcan para convertirse en adultos sanos capaces de participar productivamente en la sociedad. Por consiguiente, las políticas de salud deben adoptar un enfoque basado en el ciclo de vida, que se enfrente a los problemas de salud desde su comienzo, permitiendo así que las personas envejezcan sin discapacidades ni enfermedades crónicas. El número creciente de personas de edad que esperan recibir atención de salud y pensiones por vejez no debe ser visto como amenaza o crisis, sino que, más bien, representa una oportunidad para formular políticas que en el futuro puedan asegurar niveles de

vida dignos para todos los miembros de la sociedad, tanto jóvenes como adultos mayores. Los países deben establecer marcos estratégicos para la coordinación de reformas de salud, sociales y económicas, y para aumentar el nivel de comprensión del público sobre las elecciones que hay que hacer en cuanto a políticas. El reto más grande que se les plantea a las sociedades en la actualidad no radica en el envejecimiento de las poblaciones, sino precisamente en la necesidad de analizar y realizar cambios pertinentes en las políticas sanitarias, sociales y económicas.